DIAGNOSTICO-DISCUSION

Organización Política del Pueblo y los Trabajadores
DIAGNÓSTICO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DEL D.F.
PARA EL TRABAJO POLÍTICO DE LA OPT
INTRODUCCIÓN
Hacer un examen de la problemática social, económica y política, de la ciudad de México desde la OPT no es, de ningún modo, un mero ejercicio académico, es una tarea política que nos debe permitir:
a) conocer el espacio social en el que desplegaremos nuestra actividad política;
b) detectar los problemas más relevantes para el pueblo y los trabajadores, para los ciudadanos en general;
c) elaborar un programa político que nos permita plantear demandas y ejes de lucha, así como proyectos con soluciones globales desde la perspectiva de una organización política de izquierda anti-capitalista y emancipatoria.
Sin embargo, para hacer un diagnóstico social, económico y político, totalizador e histórico, de la capital del país será necesario:
1º Contextualizar y explicar las políticas económicas neoliberales, determinando tanto su relación con la Deuda Externa como su imposición mundial a través de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Mundial Internacional, al servicio del imperialismo;
2º Señalar el impacto del neoliberalismo en México, en particular respecto al problema de la Deuda y las luchas de los trabajadores, sin dejar de lado su impulso a la transnacionalización de la economía y a la privatización de bienes y servicios públicos;
3º Exponer los saldos de casi treinta años de imposición del neoliberalismo en México, indicando la creciente desigualdad en México así como la extensión de la miseria por todos sus rincones.
Después de ello, realizaremos un examen y diagnóstico de la problemática urbana de la ciudad de México desde una perspectiva crítica al capitalismo.


LA CAÍDA EN EL NEOLIBERALISMO
El neoliberalismo no puede ser entendido por el Mito de una Globalización, que sugiere una igualitaria interdependencia de naciones o la armónica concordancia de intereses y beneficios mutuos. Contra esa mitificación es necesario enfatizar las relaciones de dominio y explotación internacionales que se condensan en la realidad irrefutable de un nuevo imperialismo: un imperialismo sostenido e impulsado por Estados imperialistas, corporaciones multinacionales y la banca mundial.
Lo distintivo de este nuevo imperialismo es su relación con la endurecida ideología neoliberal y la ruptura con todo compromiso histórico, con toda tentativa de consensar el dominio con concesiones y reformas sociales. Por eso, este imperialismo neoliberal es una ofensiva en toda la línea contra todas las clases dominadas. John Saxe-Fernández y James Petras (en: Globalización, imperialismo y clases sociales. Lumen, México 2001) plantean que lo nuevo del neoliberalismo lo nuevo es la tentativa de dominar sin compartir los beneficios con el capital local, los sindicatos o un Estado social y/o nacionalista.
Con esta política de ofensiva, el nuevo imperialismo se lanzó a una recolonización del mundo para dar un nuevo impulso al saqueo, el despojo y la transferencia de riquezas de los países recolonizados a los Estados imperiales. Los investigadores referidos, tomando en cuenta servicios de la deuda externa, pérdidas por intercambios, fugas de capital, transferencias unilaterales, utilidades netas remitidas de capitales extranjeros, calcularon esa transferencia de excedentes desde América Latina de 1976 a 1997 en dos millones de millones de dólares o, más exactamente: 2.051.619, 1 millones “tributados en dos décadas de neoliberalismo globalizador.” Esta cantidad equivale al PIB combinado de todos los países de América Latina y el Caribe en 1997. “El monto total de las transferencias regionales es encabezado por México con 31%, seguido por Brasil con el 28%, concentrando ambos países 59% de los desembolsos”. Si el colonialismo no es nuevo en América Latina, sí lo es la intensidad y el ritmo del saqueo: una verdadera guerra económica desplegada por la sed de ganancias del Capital mundial contra la población trabajadora y pobre de este continente.
Un mecanismo privilegiado para saquear de sus riquezas a los países dependientes y semicoloniales es la Deuda Externa. El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), del que forma parte de modo destacado Eric Toussaint, ha realizado un detallado y permanente seguimiento de este mecanismo expoliador (“México: el escándalo silencioso de la deuda externa y del modelo neoliberal”, en: http://www.cadtm.org/Mexico-El-escandalo-silencioso-de) afirmando que “la deuda es una catástrofe para la humanidad” pues mantiene “regiones enteras en la más extrema pobreza, aunque éstas posean importantes riquezas materiales y humanas.” Sin embargo, esta tragedia es consecuencia de políticas bien definidas: “Es sobretodo -dice el CADTM- un mecanismo de subordinación de los países del Sur”, el reimpulso de “un neocolonialismo.”
El “antediluviano” Capital usurero resurgió con fuerza inusitada: en la década de los 60 y 70 los organismos financieros internacionales promovieron el endeudamiento de los países de la periferia tercermundista con tasas muy bajas. Cuando muchos países habían tomado el camino del endeudamiento externo, súbitamente se pasó de intereses del orden de 4-5% en los años 1970 a intereses de 16-18% o más en los 80. En Latinoamérica, registra el CADTM, “el tipo de interés real pasó de una media del –3,4 % (tasa negativa favorable a los deudores), entre 1970 y 1980, al 19,9 % en 1981, 27,5 % en 1982 y 17, 4 % en 1983”, todas tasas positivas. De pronto, de un día a otro, los países latinoamericanos se vieron obligados a pagar intereses triplicados, cayendo en la trampa de la Deuda.
Cerrando la pinza sobre estos países, los precios de las materias primas que exportaban se derrumbaron, por lo que se vieron obligados a exportar más abaratando sus productos pero sin tener posibilidades de pagar los intereses de la Deuda Externa. Como nadie quería prestar a países insolventes, no tuvieron más remedio que recurrir al FMI y someterse a sus condiciones, a sus planes de ajuste estructural neoliberal. Con ello se impulsó, afirma el CADTM, “una nueva colonización: una colonización económica. Ni hace falta entretener una administración y un ejercito colonial en el sitio, la mecánica de la deuda se encarga solita de gestionar la dependencia.”
La medicina amarga del FMI es ya muy conocida: liberalizar el comercio, achicar al Estado social, desregularizar la economía, volver precario al trabajo, privatizar bienes, servicios y recursos públicos, pero se sabe menos que una parte importante de esos préstamos masivos fue malversada por gobiernos que se corrompieron o fue dirigida a mega-proyectos energéticos o de infraestructuras (presas, centrales térmicas, oleoductos…), pues de lo que se trataba era de facilitar la explotación de recursos naturales e incrementar las ganancias de las grandes corporaciones transnacionales. Después de casi 30 años, el FMI y la Deuda Externa siguen ahí, prestando para que se paguen intereses mientras mantiene su gobierno paralelo e ilegal que socava toda tentativa de soberanía nacional.
LA CAÍDA DE MÉXICO EN EL NEOLIBERALISMO
La crisis de la Deuda Externa llevó a México a recurrir al FMI, quien desde entonces dicta su política económica imponiendo medidas neoliberales que velan por el pago de intereses de la Deuda Externa. Con el neoliberalismo la soberanía política del país se volvió una ficción que encubre una colonización económica abierta.
Como lo recuerda Naomi Klein, el neoliberalismo es una doctrina del shock. Cuando el último gobierno populista (el de López Portillo) estaba muy bien atado a las “cartas de intención” del FMI, vino el primer shock cuando se soltaron los demonios de las devaluaciones de la moneda y de la inflación (¡que casi llegó al 100%!). De inmediato, sin dar respiro, vino el segundo shock y, con el primer gobierno neoliberal de De la Madrid, se impusieron draconianos “planes de austeridad” que terminaron de un plumazo con la negociación salarial y el derecho de realizar huelgas. El tercer shock vino para aquellos sindicatos que quisieron luchar contra ello cuando los gobiernos neoliberales (de De la Madrid y Salinas de Gortari) empezaron a romper huelgas, desarmar sindicatos clasistas, apoyar el despido de sindicalistas, cerrar empresas públicas.
La clase trabajadora quedó en “estado de shock” después de que todos sus intentos de enfrentar estas inflexibles políticas económicas fueron aplastados, configurando un cuadro que sólo puede caracterizarse como una “derrota obrera”. Durante esos primeros años del neoliberalismo mexicano toda huelga fue castigada, al punto de que, hasta la fecha, casi ya no se ejerce este derecho: en 1982 se registraron 675 huelgas en todo el país, para 1989 sólo hubo 118, en 1995 fueron 96 y en 1998 se registraron 33. En 2009 únicamente se registraron 19 huelgas, “lo que representa el menor número de estos movimientos en 27 años”, según una Secretaría del Trabajo y Previsión Social abiertamente al servicio de lo patrones.
Al mismo tiempo que decaía la lucha de los trabajadores, aumentaba el desempleo, se derrumbaban los salarios, se recortaban los contratos colectivos y se estrechaba el papel de los sindicatos. Con el gobierno de Calderón se ha seguido la misma receta: el primer shock se aplicó con la reforma a la Ley del ISSSTE, el segundo vino cuando se intentó desmembrar al sindicato más solidario y combativo de las últimas décadas, al SME, y en medio del conflicto se anunció el tercer shock: la reforma a la Ley Federal del Trabajo para hacer oficial el recorte de derechos laborales que se ha aplicado en todos estos tiempos neoliberales.
Sin amenazantes ejércitos invasores ni costosos gobiernos colonialistas, México fue recolonizado con el entero respaldo de los gobiernos neoliberales y la oligarquía que prohijó, tanto en lo económico como en lo tecnológico, en lo cultural y, sobre todo, en lo político. Comprender que el país dejó de ser libre, independiente y soberano cuando las grandes decisiones sobre los asuntos públicos del país se deciden en el BM y el FMI, al servicio del Capital y del imperialismo, provoca un “estado de shock”. Nunca había quedado tan al desnudo nuestra condición de país semicolonial y nunca había quedado tan claro que nos gobiernan políticos colonizados intelectualmente.
El mecanismo para lograr todo ello fue, principalmente, la Deuda Externa. Pero, ¿qué ha pasado con la Deuda Externa de México? Uno de los principales estudiosos sobre el asunto, Eric Toussaint, nos explica por qué es una deuda eterna:
“Entre 1982 y 2000, la deuda externa de México casi triplicó (pasando de 57 mil millones de dólares a 157 mil millones) mientras el país pagó a sus acreedores 8 veces lo que debía (según el Banco Mundial, México reembolsó 478 mil millones de dólares). El país reembolsa endeudándose. La deuda externa se vuelve eterna. El pago de la deuda externa mexicana representa, como para los otros países del Tercer Mundo, una enorme transferencia de ingresos de los trabajadores y de los pequeños y medianos productores hacia los capitalistas poseedores de títulos de la deuda externa. Entre los acreedores se encuentran capitalistas mexicanos que poseen una parte de los créditos gracias a los capitales que han colocado en los mercados financieros extranjeros. Mientras el pueblo se empobrece obligado a sacrificarse para pagar la deuda externa, los capitalistas mexicanos se enriquecen de manera inédita. Después de la crisis de 1994-1995, a pesar de discursos propagandísticos de los presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, las transferencias de México hacia el exterior han sido enormes, peores que en los años de 1982-1986. Según los datos comunicados por el Banco Mundial, entre 1986 y 2000, México recibió 140 mil millones de dólares en préstamos y reembolsó 210 mil millones. Significa que México transfirió hacia sus acreedores 70 mil millones de dólares más de lo que recibió... Si añadimos el costo de la deuda pública interna, llegamos a sumas astronómicas. En 2001, el costo financiero de la deuda pública interna y del Fobaproa-Ipab representó 131 mil millones de pesos mexicanos (unos 14 mil millones de dólares). El total de la deuda pública interna y externa alcanza alrededor de 150 mil millones de dólares (mitad interna, mitad externa). En dólares, el costo de esa deuda representó en 2001 alrededor de 43 mil millones de dólares: una hemorragia tremenda de recursos hacia los capitalistas nacionales y extranjeros acreedores. El tesoro público dedica 2,5 más dinero al pago de la deuda que a la educación pública…”
-¿Cuáles han sido las condiciones del BM y el FMI? -Seguir los Dogmas del Neoliberalismo: dejar libre al mercado y achicar al Estado. Esto se traduce en políticas como las siguientes:

1) La apertura comercial y la inversión extranjera.
Los grandes préstamos que recibió el gobierno de Miguel de la Madrid fijaban como condición liberalizar unilateralmente (sin reciprocidad) el comercio, lo que, dice John Saxe-Fernández, “atacaba el corazón mismo del aparato productivo nacional.” Representó un verdadero shock observar que la invasión de productos extranjeros provocaba la quiebra de las pequeñas y medianas empresas mientras algunas de las grandes empresas nacionales se fusionaban a las extranjeras o eran absorbidas por las transnacionales. Pero esta apertura no se limitó a la entrada de mercancías, también se quitaron todas las trabas para el ingreso del Capital extranjero, transnacional, que muy rápidamente se adueñó de la economía nacional.
En el México anterior a los tiempos neoliberales, cuando existían políticas proteccionistas y proyectos de desarrollo nacional, existían restricciones a la Inversión Extranjera Directa (IED), de modo que el dominio de las empresas extranjeras no era absoluto. Por ejemplo, a finales de 1970 se registraba una IED de aproximadamente 2,822 millones de dólares; el 74% de ella se ubicaba en manufacturera, el 15.5% en el comercio y el 5.6% en la minería. Cuando la política neoliberal impone liberalizar el comercio y desregular el flujo de capital, empieza la recolonización del país de la mano del dominio de las empresas extranjeras y transnacionales. Solamente en los primeros años neoliberales, de 1983 a 1985, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras permitió la operación de 109 empresas extranjeras, 68 de ellas con capital 100% extranjero. Estas empresas se colocaron en la industria automotriz, químico-farmacéutica, petroquímica, etc. A partir de entonces, México vuelve a ser conquistado y dominado por el Capital extranjero a través del crecimiento de la IED: si la IED era en 1970 de 2,822 millones de dólares, en 2008 llega 22,481.2 millones de dólares; de enero de 2007 y junio de 2009, la IED ha sido de 59,985.3 millones de dólares.
Con ese tipo de políticas, en unos cuantos años, a través de la IED el Capital transnacional llegó a dominar la economía del país, extendiendo sus tentáculos en prácticamente todas las esferas productivas y comerciales del país. Esta IED se canalizó, durante los años 1988-1993, principalmente al sector de servicios con un 50.1% del total, penetrando en bienes raíces, servicios financieros, restaurantes y hoteles, franquicias, etc. Al sector industrial se orientó el 35.3%, el 12.6% al comercio, al extractivo el 1.0%; y al agropecuario, sólo el 0.9%. En el periodo 1994-1999, la IED se dirigió hacia el sector manufacturero, principalmente en el sector financiero, químico, automotriz y las operaciones de ensamblaje o maquila. En los servicios financieros, la IED logró un dominio completo. Si hasta 1996 no existían bancos extranjeros, a excepción del Citibank, para el 2010 la banca y el sector financiero están extranjerizados.
De hecho, esa es la lógica de las transnacionales que imperan en nuestro país: extraer todas las ganancias posibles, sin importar los costos humanos o ecológicos, y remitirlas a sus países de origen. Se calculan 1,746 corporaciones multinacionales que operan en México, entre ellas las más poderosas del planeta. Aunque su presencia cubre todo el territorio mexicano, estas empresas se concentran en algunas regiones: el 66% se localiza en el centro-occidente de México y el 34% en los estados fronterizos del norte; más del 60% de los corporativos se ubican en el DF, el Estado de México y en Nuevo León. La mayoría de estas empresas transnacionales son norteamericanas: 50 de cada 100 lo son; 33 vienen de otros países y 17 son mexicanas. Pese a que estas corporaciones transnacionales abarcan casi todas las esferas productivas, de servicios y comerciales, la mayoría se inserta en el sector productivo, manufacturero, aunque cada vez más se dedican al de servicios: de cada 100 empresas de este tipo, se calcula, 58 son manufactureras, 41 de servicios y sólo una pertenece al sector primario.
Por cierto, las empresas transnacionales también se apropian directamente de los recursos naturales y energéticos, pese a las limitaciones expresas del Artículo 27 Constitucional, pues existen muchas empresas de este tipo que invirtieron en sectores como electricidad, petróleo, minería, celulosa, papel, hierro y acero. Sin embargo, gracias a la complicidad de los gobernantes, también han logrado invertir en la petroquímica, en la distribución de gas e incluso en la generación de electricidad. Por ejemplo, Fox tuvo el descaro de ceder el 12% del territorio nacional para la explotación minera a empresas canadienses.
2) La privatización de bienes y servicio públicos.
El Estado controlaba, todavía en diciembre de 1982, 1,155 entidades paraestatales: 724 eran empresas de participación estatal mayoritaria, 75 de participación minoritaria, 103 eran organismos descentralizados y 223 eran fideicomisos. En sólo cinco años, del 1º de diciembre de 1983 al 30 de noviembre de 1988, se desincorporaron o privatizaron 741 entidades paraestatales. Fue en el sector industrial en donde se llevó a cabo el mayor número de “desincorporaciones”: de 412 empresas paraestatales que se tenían sólo quedaron 153.
De esta manera, el Estado abandonó 22 áreas de la actividad económica, de acuerdo con la clasificación del Censo Industrial: alimentos, turismo, fabricación de maquinaria, industria química, etc. Ello significaba dejar de apoyar la nutrición de millones de mexicanos, eliminar servicios sociales, dejar de producir medicinas, etc.
Con el gobierno de Salinas de Gortari se llevó a cabo la más grande venta, entrega y saqueo de empresas públicas. Se ofrecieron a precio de remate a un grupo selecto, a cambio de acciones y sobornos -y todo ello salió a la luz pública cuando se reveló el origen de la fortuna de Raúl Salinas de Gortari por más de 100 millones de dólares. Durante el gobierno de Salinas, en unos meses remataron 18 instituciones de crédito a una nueva clase empresarial ligada a Salinas de Gortari. En 5 años, de 1988 a 1993, se remataron 159 empresas púbicas; entre ellas estaban empresas tan importantes como las que se dedicaban a la telefonía, los bancos, las televisoras, minas, siderúrgicas, fábricas… Y luego se siguieron con tierras, autopistas, puertos, aeropuertos, electricidad, negocios en PEMEX…
Es en esos años iniciales del neoliberalismo cuando se crea una nueva oligarquía: si en 1988 la revista Forbes sólo reportaba entre los millonarios del mundo al mexicano Garza Sada con una fortuna de 2 mil millones de dólares, para 1994 reportaba a 24 mexicanos con una fortuna superior a 44 mil millones de dólares (entre ellos, Slim, Azcárraga, Zambrano, Peralta, Bailleres, etc.). A partir de entonces rige el “Maximato imperial en México”: pese a que Zedillo rompa con Salinas, aunque el gobierno pase del PRI al PAN, de Fox a Calderón, se mantiene la política neoliberal dictada por el BM y el FMI. Desde ahí vienen las órdenes de abrir a la inversión privada los recursos energéticos públicos y estratégicos (energía eléctrica, petróleo), dejar de invertir en la educación, desmantelar las instituciones de seguridad y servicios sociales, rescatar a empresarios y banqueros, abandonar a su suerte el campo, dejar el campo libre a un Capital ecocida e inhumano.
Calderón ha mantenido la subordinación de su gobierno al Capital transnacional y por ello paga puntualmente el servicio de la Deuda Externa, se esfuerza por cederle PEMEX, avanza en la privatización de la seguridad social y se plantea ajustar la Ley Federal del Trabajo a los deseos de los empresarios. De hecho, su política económica ha consistido en hacer negocio de todo, a costa de quebrar a las instituciones públicas. Así ha quedado patente con el descarado “contratismo” en PEMEX, con las Afores en el ISSSTE, con la subrogación de guarderías en el IMSS, con la fibra óptica en la desaparición ilegal de la Compañía de Luz y Fuerza, etc.
Nuestra caída en los tiempos de miserias y desigualdades
Los tiempos neoliberales, ahora lo sabemos muy bien, son tiempos de miserias. De miserias ideológicas, políticas y, sobre todo, económicas. Y no me refiero a la miseria de la “teoría” neoliberal sino a la miseria material, ecológica y espiritual que acarrea la teoría y la práctica neoliberal. En el caso de México, el neoliberalismo ha significado casi tres décadas perdidas en lo que a crecimiento económico se refiere. De 1982 al 2009 tenemos un 2.1% de tasa de crecimiento anual, sin considerar la tasa de crecimiento poblacional; si la tomamos en cuenta, nos quedamos con 0.6% de crecimiento.
Además, hemos sufridos dos brutales caídas económicas: 1995, en la que el PIB bajó un 6.2% y en 2009, cuando decreció un 6.5%. Una evaluación reciente del propio Banco Mundial de 152 países, colocó a México en el lugar 143 de crecimiento económico: entre las diez peores economías del mundo, como una especie de autocrítica pues ha sido ese organismo junto con el FMI los que han dictado las políticas económicas.
-¿Qué hemos logrado, entonces, con el neoliberalismo?
-Gracias al neoliberalismo nos convertimos en el país con mayor desigualdad en el planeta, según un estudio reciente de Isabel Rueda, La creciente desigualdad en México (UNAM, 2009). En México tenemos a algunos de los hombres más ricos del mundo mientras el 79% de la población nacional vive en la pobreza. Después de nuestra caída en el neoliberalismo, México se convirtió “en el país más desigual de América Latina” (p.172). Esa desigualdad se manifiesta no sólo en la distribución de los ingresos, sino en la existencia de amplias zonas de marginación en las que impera la desnutrición, la carencia de viviendas, de servicios de salud, de oportunidades de educación, etc., que contrastan con zonas de lujo, derroche y excesos. La desigualdad atraviesa casi todas las esferas sociales y se manifiesta en las enormes diferencias entre los altos salarios de las élites burocráticas y los depauperados salarios de los trabajadores (a veces 121 veces inferiores), entre la pese a todo mejor situación laboral y salarial de los hombres con respecto a la condición de las mujeres, etc. “Una de las principales conclusiones de la presente investigación es que nuestro país tiene muy bien ganado el primer lugar en desigualdad entre los de América Latina, grado que ha sido señalado por el Banco Mundial y que resulta destacado recordar que Latinoamérica es la región más desigual del mundo.” (p.174)
Esta creciente desigualdad en México se logró con la conjunción de varios factores, todos dictados por el dogma neoliberal:
-Una drástica reducción de la inversión pública que terminó con el llamado “salario social”: si era el 10.8% del PIB en 1981, para el 2009 era sólo el 3%; entre otras cosas, esto significó que el subsidio alimentario se redujera del 1.25 por ciento del Producto Interno Bruto en 1983 al 0.37 por ciento en 1988; también acarreó la reducción del gasto público en el campo: si entre 1980-1982 esas inversiones representaban el 1.48% del PIB, en 2007-2009 apenas alcanzan el 0.15%; esta contracción del gasto público afectó trabajos y servicios públicos como la salud, la educación, la vivienda, etc.
-Una caída abismal de los salarios: el poder adquisitivo del mínimo se contrajo hasta el 82%. Pero en el sector primario la situación es peor: el 34 por ciento de esta población no recibe ingresos, el 6.42 por ciento recibe la mitad del salario mínimo, el 18.2 hasta un salario mínimo y el 28 por ciento hasta dos salarios mínimos.
-Un desempleo que se volvió estructural: la PEA aumenta en 6 millones de gente en edad de trabajar y sólo se ofrece un millón de empleos. Y de los que tienen la fortuna de trabajar, los salarios no les alcanzan para vivir fuera de la pobreza: el 41 de la PEA tienen ingresos que no le permiten adquirir la canasta básica.
-Un calculado abandono del campo que provocó que desempleo y migración: si había 9 millones de trabajadores en 1993, en el 2009 sólo había 6 millones. Los tres millones menos se vieron obligados a emigrar. Seguramente, muchos de ellos se fueron a Estados Unidos si consideramos que migraron hacia allá, sólo en 2007, más de un millón.
-Una manifiesta pérdida de soberanía alimentaria, que implica la disminución de granos, carnes rojas y leche mientras aumentan los precios de las importaciones.
-Una sobrexplotación del trabajo, extensiva (jornadas más largas) e intensiva (mayor productividad en el tiempo): de acuerdo a investigaciones al respecto, si en 1976, de 8 hrs. de jornada, 4.38 eran para empresario y 3.22 para trabajador; en 2004, de 8 hrs. de jornada, 7.47 son para empresario y 0.13 para el trabajador.
-Una generalización del trabajo precario: la PEA de 2004 era de 43 millones; de ellos, 26 millones eran trabajadores asalariados, pero sólo recibían prestaciones 15 millones; eso significa que más de 10 millones de trabajos precarios. A ellos habría que agregar los 5 millones de migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos en condiciones de semi-esclavitud.
Todo ello se puede resumir del modo siguiente: de 1982 a 2009 el número de pobres pasó de 32 millones a 60 millones: con 30 años de neoliberalismo su fracaso más contundente es que la pobreza se duplicó.
Pero si la gran mayoría de mexicanos se hunde en la miseria material, unos cuantos acumulan riquezas casi inconcebibles: el mexicano Carlos Slim, por ejemplo, uno de los tres hombres más ricos del mundo, acumula una riqueza calculada en el 2009 de 35 millones de dólares.
Este es, entonces, el marco social e histórico en el que se debe insertar un diagnóstico crítico de la capital de México: una ciudad desgarrada por el capitalismo y, por lo mismo, contradictoria y clasista, en la que los grupos dominantes gozan sus privilegios mientras los dominados luchan por sus necesidades vitales.
LA CIUDAD DE MÉXICO: UNA MEGALÓPOLIS
El desarrollo de la acumulación capitalista impulsó, desde el siglo pasado, dos fenómenos conexos que configuraron a las ciudades modernas: la desruralización social, que significa la incesante proletarización de los campesinos (su separación de las tierras), y la urbanización de la sociedad, concentrando industrias y población en grandes centros urbanos. Si en el siglo XIX se propició una amplia urbanización del primer mundo imperialista (42 de las 49 ciudades más importantes se encontraban en Europa y Estados Unidos en 1890), después de la segunda guerra mundial se aceleró la urbanización del tercer mundo semicolonial, de modo que para el año 2000, de las 50 más grandes ciudades del mundo, 39 se localizan en América Latina.
Una de esas ciudades es la capital de México, el Distrito Federal.
El crecimiento urbano en el tercer mundo, sin embargo, no es símbolo de desarrollo económico sino de las deformaciones del desarrollo del capitalismo en los países dependientes y semicoloniales del llamado tercer mundo. Es por eso que la acelerada expansión de la ciudad de México en los últimos años es el producto tanto de la industrialización como de la destrucción del mundo rural, con la consecuente y masiva expulsión de campesinos, así como de un explosivo crecimiento demográfico. De ese modo se generó una Mega-ciudad sobrepoblada que crece cada vez más devastando los sistemas ecológicos de sus alrededores, desplegando un desarrollo desigual que concentra riquezas en ciertas clases y zonas metropolitanas privilegiadas mientras extiende un empobrecimiento masivo en las clases trabajadoras, arrinconadas en la periferia, manifestando de este modo formas y calidades de vida muy desiguales, centralizando actividades económicas, políticas y culturales a las que sólo tienen acceso unos cuantos mientras que todos padecemos problemas de vialidad, transporte, contaminación, vivienda, servicios básicos urbanos (agua, recolección de basura y limpieza, etc.).
El Distrito Federal es el centro de la amplia zona metropolitana del Valle de México, esto es: es parte del área urbana con más población en nuestro continente y es una de las ciudades con más habitantes del mundo. El Distrito Federal tiene una superficie de poco más de 1 400 kilómetros cuadrados y en ella se aglomeran más de 8.7 millones de habitantes, pero en realidad es el centro de una Megalópolis, una ciudad-región, en donde se concentra el comercio, la industria, las finanzas, los centros educativos y culturales, e incluso los poderes políticos de la nación, pues es la capital del país y la sede de los poderes federales.
De este modo, el Distrito Federal, con sus 16 delegaciones, debe concebirse como el centro de una muy amplia y poblada Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que incluye 59 municipios del estado de México y uno de Hidalgo. Con más de 8.7 millones de habitantes en el Distrito Federal y 10.2 de los municipios conurbados, esta megalópolis suma más de 18,9 millones de habitantes, una de las mayores concentraciones de población en el planeta. (Cfr.: Emilio Pradilla, “Zona Metropolitana del Valle de México: megaciudad sin proyecto”)
Aunque el centro de la ciudad de México tiende a no crecer poblacionalmente en residentes fijos, el Distrito Federal tiene una población itinerante de más de 3.5 millones de personas que llegan diariamente a la ciudad de los municipios conurbados (muchos de ellos, meras zonas de dormitorio) a trabajos formales o informales, a comprar bienes y servicios, a delinquir. Esta población de más de 3 millones se suma en el área citadina a los casi 9 millones que residen en ella, agudizando los problemas de vialidad, transporte, servicios, etc.
En esta amplia Zona Metropolitana del Valle de México, en el propio Distrito Federal, existen contrastes y desigualdades muy grandes: en ella conviven gente con trabajo formal, con trabajo informal (casi 2 millones) y numerosos desempleados (6.4 del PEA citadina); en la capital se encuentran personas con salarios excesivamente grandes (un diputado gana más de 2,300 pesos al día), trabajadores con salarios de miseria (59.82 pesos diarios) e indigentes que vagan por todas partes (20 mil aproximadamente); en esta ciudad viven algunos de los más ricos del mundo, pero el 64.9% de su población está empobrecida (según Julio Boltvinik, 38.3% en pobreza extrema y 26.6% en pobreza moderada); en este centro urbano se movilizan miles de automovilistas mientras millones de peatones viajan en el metro (casi 1,500 millones al año); en el D.F. existen zonas residenciales, lujosas y modernas (en la delegación Cuauhtémoc, Coyoacán, etc.) y zonas excluidas, sin infraestructura ni servicios urbanos, devastadas ecológicamente (como las delegaciones de Iztapalapa y Tláhuac); en esta ciudad pocos tienen casa propia, muchos rentan, existen niños y viejos viviendo en la calle y hay un déficit de vivienda de 6 mil 879 casas. Es una ciudad de contradicciones.
LA CAÍDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL NEOLIBERALISMO
Una primera consecuencia del neoliberalismo en las megalópolis de América Latina y en la megaciudad de México fue, dice Emilio Pradilla, la “extinción de la planeación urbana”. Así como el Estado abdicó de sus funciones reguladoras en la economía, también lo hizo en la regulación del desarrollo urbano. La transnacionalización y desnacionalización de la economía llevó a que las decisiones de política económica en México y su ciudad capital dependieran de las grandes empresas transnacionales: en ellas se deciden las inversiones económicas, los flujos de mercancías, la instalación o modernización de infraestructuras, sin tomar en cuenta las necesidades territoriales o los equipos gubernamentales de planeación urbana. De ese modo, año con año, se fueron agudizando las contradicciones de la ciudad de México hasta volverla una megaurbe que crece y crece caótica y fragmentariamente, arrasando sistemas ecológicos mientras se desindustrializa y transita cada vez más a una urbe informalizada (con dominio de comercio y servicios informales), que absorbe la migración interna pero al mismo tiempo la excluye a su periferia porque no la emplea.
Con todo, el Distrito Federal es el más importante polo económico, político, educativo y cultural, del país. Por ser el “motor económico” del país, el Distrito Federal también es el mayor contribuyente de impuestos: aporta más del 50% de la recaudación de los impuestos del total nacional. Sin embargo, recibe del gobierno federal un peso por cada diez que aporta a las finanzas públicas, lo cual limita los proyectos urbanos de los gobiernos de la capital.
Economía política de la ciudad de México
En la ciudad de México se produce entre el 18 y 21 del PIB nacional. Esta fuerza productiva permite que el ingreso per cápita del Distrito Federal sea el más alto del país: en 2008 creció hasta 281.110 pesos mexicanos (25.258 dólares), muchas veces por encima del promedio nacional.
Sin embargo, es necesario señalar que la ciudad de México ha vivido desde la década de los ochenta un “intenso proceso de desindustrialización” debido a las políticas neoliberales impuestas en nuestro país; existe una tendencia sostenida, desde los años 80, a reducir su industria manufacturera: si en 1980 empleaba al 45% de los trabajadores de esta rama productiva, diez años después el porcentaje se había reducido al 33%. Si en 1982 daba sitio a poco más de la mitad de las quinientas empresas más importantes del país (257), en menos diez años sólo quedaban en esta entidad 145 de esas grandes empresas.
De acuerdo a información del propio gobierno del Distrito Federal, la capital tiene cincuenta y cuatro zonas industriales, y de su superficie total, 2.578 ha son destinadas para uso industrial, que aportan el 16,32% del total de la producción industrial de México. Se calcula que existen 27 727 unidades económicas industriales, que emplean a más de medio millón de capitalinos (547 mil), la mayoría de ellas concentradas en Iztapalapa (5 578 industrias). Las principales empresas industriales en el área metropolitana se dedican a la industria química y petroquímica, alimentaria, producción de maquinaria y productos metálicos.
Aunque durante cientos de años las actividades productivas primarias (agricultura, ganadería, silvicultura) fueron muy relevantes en la ciudad de México, actualmente son mínimas y representan el 0,2% del total del PIB capitalino, dando empleo a 17 709 personas (2005). Las actividades agrícolas todavía se llevan a cabo en delegaciones como Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Milpa Alta. Se produce, principalmente, nopales, flores de ornato y brócoli. Son todavía más reducidas las actividades ganaderas en el Distrito Federal: en Xochimilco hay una cuenca lechera y esta delegación con la de Tláhuac concentran ganado bovino, porcino, ovinos y aves de corral. Pese a la creciente y drástica reducción de zonas boscosas, en el Distrito Federal se explota el pino y el oyamel.
No obstante, lo cierto es que mientras la actividad productiva (industrial y agrícola) se contrae en el área metropolitana, se expande en el Distrito Federal el sector terciario, de servicios, y también el sector informal. La desindustrialización de la capital de México, que parte de los ochenta, tiene como correlato la terciarización (comercio y servicios) de su economía urbana, convirtiendo a la ciudad en un espacio de circulación de mercancías producidas en otros lados, socavando de esta manera su productividad y autonomía económica. Al tiempo que aumenta el desempleo, avanza la informalidad pues incluso el sector terciario no genera los empleos necesarios para cubrir la demanda de trabajo. Mientras las fábricas cierran y emigran, se levantan grandes centros comerciales, corredores urbanos terciarios por toda la ciudad, en tanto ejércitos de comerciantes informales invaden calles y cercan las estaciones del metro.
La contracción de la intervención estatal y sus tendencias a desregular y a privatizar bienes y servicios públicos, volvió a los gobiernos citadinos (incluidos los de PRD) en meros facilitadores o creadores de condiciones para las actividades de la iniciativa privada. De ese modo, se permitió la libre acción del capital inmobiliario, que especuló libremente con la vivienda (que era obligación estatal) y sembró condominios por doquier sin cumplir normas, al tiempo que privatizó otros servicios. De hecho, se abandonó también el fomento del transporte público, favoreciendo el uso del automóvil particular o se abrió la inversión privada a Megaproyectos urbanos (segundos pisos, metros, etc.), que además de que privilegian el tránsito vehicular sobre el peatonal, se impusieron sin consultas ni consideraciones ecológicas. Emilio Pradilla señala que la renta especulativa del suelo y la ganancia inmobiliaria alentaron la generalización de “la arquitectura y el urbanismo desechable –a la Wall Mart-, transitorio, de rápida realización como inversión, y la decadencia y obsolescencia de zonas urbanas que degradan física y socialmente y se abandonan, pues es más cara su reutilización que la construcción de nuevas zonas desechables en lugares donde se desencadena la rentabilidad.” (“Las políticas y políticas urbanas en el neoliberalismo”)
Política de la ciudad de México
El Distrito Federal es el más importante foco político del país.
Como sede de los poderes federales, en él se toman las decisiones políticas que afectan a toda la nación. Por lo mismo, en esta ciudad confluyen los movimientos sociales más fuertes a cuestionar la política del país.
El Distrito Federal es la urbe con mayores índices educativos y con los principales centros culturales del país. También es la ciudad más politizada de México. En ella se han llevado a cabo importantes e históricas luchas estudiantiles (1968), sindicales (Tendencia Democrática, sindicalismo universitario, SME), sociales y ciudadanas (por los derechos ciudadanos, de las mujeres, de los homosexuales, contra los megaproyectos, etc.), generando cientos de organizaciones gremiales, políticas, sociales, civiles, ecologistas, etc. Esta historia de luchas y organizaciones explica que en la ciudad de México, claramente desde 1988, sus ciudadanos votan mayoritariamente por opciones políticas “progresistas” de gobierno federal y local.
Políticas federales para la ciudad de México
Sin embargo, la ciudad de México ha vivido un inaceptable sometimiento al gobierno federal y la limitación de derechos políticos de sus ciudadanos y gobernantes. Los gobiernos federales, tanto del PRI como del PAN, le han dado al Distrito Federal un estatuto político especial con el pretexto de ser la sede del gobierno federal mexicano, de modo que se encuentra bajo el dominio del Ejecutivo federal, aunque desde 1997 el ejercicio del gobierno le corresponde a un Jefe de gobierno electo por los capitalinos. Desde Álvaro Obregón, en 1928, se suprimieron los municipios (que existían desde el siglo XVI) y se impuso una organización política subordinada al Ejecutivo que cercenaba toda forma de vida democrática pues no había gobierno capitalino electo sino un Departamento del Distrito Federal y un Regente impuesto por el Presidente.
La crisis política abierta en 1994 (que combina una crisis económica con el levantamiento zapatista y una enorme movilización popular) obligó al gobierno federal a negociar la concesión del derecho a elegir un Jefe de gobierno del Distrito Federal y a los representantes de una Asamblea Legislativa. A partir de 1996, podemos votar por el Jefe de gobierno pero no se le reconoce a la ciudad de México su carácter de entidad federativa, por lo que se le limita al gobierno del Distrito Federal sus facultades administrativas y financieras; tampoco se reordenó una organización territorial impuesta por la descentralización vertical de 1970. El Distrito Federal no tiene una Constitución que le otorgue una plena autonomía política ni instancias de gobierno similares a los municipios, con cabildos y alcaldes electos.
Retomando una vieja imposición, se divide al territorio capitalino en 16 delegaciones y cada de ellas es encabezada por un jefe delegacional que, desde el año 2000, es elegido por sufragio universal. Las delegaciones, a diferencia de los municipios, no tienen cabildos, que permiten una participación ciudadana y asamblearia en el gobierno municipal, a diferencia de los Comités Ciudadanos que contempla la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que abren una limitada participación pero en su territorio. Si en los cabildos existe la posibilidad de una participación ciudadana y democrática (asamblea) en el municipio, los Comités Ciudadanos más bien posibilitan la participación de los delegados y sus funcionarios en el control de las unidades territoriales.
El que la ciudad de México sea gobernada por una izquierda institucional, desdibujada ideológicamente y funcional al sistema, no le ha evitado estar en guerra permanente con los gobiernos federales panistas que la excluyeron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), la marginaron de la inversión pública federal en el gobierno de Fox e incluso han obligado a los gobernantes capitalinos a pagar expropiaciones millonarias que se remontan a los años 70. Todos los años los diputados panistas y priístas le regatean al gobierno capitalino recursos, techos de deuda pública, etc.
Políticas de la izquierda institucional del PRD para la ciudad de México
Por su parte, los gobiernos del Distrito Federal de la izquierda institucional han combinado, sobre todo en este último Jefe de gobierno, campañas políticas presidenciales con administración, la promoción de servicios y obra pública con facilidades para la inversión capitalista, concesión de derechos liberales (derechos de mujeres y homosexuales) con formas autoritarias, organización social y clientelismo político, principios progresistas y práctica de la corrupción. Pese a que han formado parte de movimientos democratizadores, con su llegada al gobierno se han estacionado en una limitada democracia liberal representativa, en la que se sienten capaces de ser competitivos electoralmente por el manejo de recursos.
El urbanista de izquierda Emilio Pradilla afirma, con conocimiento de causa, que “las políticas urbanas de la izquierda latinoamericana se han desvanecido en el aire, arrastradas por el derrumbe del socialismo real” (“Políticas y planeación urbana en el neoliberalismo”).
Como se sabe, ante el derrumbe del falso “socialismo real” -en realidad, sociedades burocráticas y anti-democráticas- ciertas izquierdas abandonaron los ideales socialistas y se corrieron hacia posiciones socialdemócratas, precisamente cuando éstas se corrían hacia el “centro” y el liberalismo, asumiendo así, sin muchas complicaciones, al neoliberalismo. En este corrimiento, la izquierda institucional mexicana -la del PRD y las organizaciones políticas afines- abandonó su ideología socialista, se comprometió con la democracia parlamentaria y liberal como único horizonte político, y redujo su lucha a la electoral, a la búsqueda de votos. Gracias a los gérmenes de ciudadanía crítica, producto de miles de luchas sociales y populares, una vez que se ganó el derecho a votar por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el PRD ha ganado sucesivamente el gobierno de la ciudad de México.
Sin embargo, quedó fuera de su discurso y de sus políticas los proyectos de reformas urbanas (de los años 60 y 70), las propuestas de municipalización del territorio, los planes de expropiaciones para un desarrollo gubernamental de las infraestructuras y servicios básicos, las ideas de cambios sociales, radicales y anti-capitalistas.
La izquierda institucional gobernante de la ciudad de México se ha limitado a mantener inercias de desarrollos urbanos, carente de proyectos de ciudad. Por ejemplo, algunas de las políticas más significativas de los gobiernos del PRD han sido las de construcción, con inversión privada, de Megaproyectos de vialidades para el automóvil particular, incluso con pago de peaje, sin considerar la afectación de poblaciones populares o la destrucción de sistemas ecológicos, mientras se minimiza al transporte público como los trolebuses o se confina a ciertas zonas el metrobus (que también es público y privado).
De hecho, gran parte de las obras del gobierno del D.F., en construcción, mantenimiento, transporte, etc., son públicas (se invierte para servir) y privadas (se invierte para lucrar). En ese sentido, los gobiernos del PRD se han vuelto facilitadores de la inversión privada (en obras, vivienda, transporte), privilegiando a las capas medias usuarias de automóviles particulares, consumidoras de grandes centros comerciales o habitantes endeudados de por vida por la compra de condominios.
Las políticas asistencialistas y compensatorias a sectores populares de los gobiernos perredistas en realidad no contradicen las ideas neoliberales sino que las confirman (el BM mismo las recomienda). En todo caso, la partidocracia del PRD se conforma ya no con reformar al sistema capitalista sino con intentar darle un rostro humano al neoliberalismo. Es por eso que los gobiernos perredistas también manejan el discurso del combate de la pobreza, en vez de políticas de justicia social (que resultan “políticamente incorrectas” porque chocarían con los intereses capitalistas), así como el discurso de la austeridad, que ha servido para debilitar las estructuras del Estado social mexicano.
Con todo, no debe olvidarse que estos gobiernos perredistas capitalinos también estimulan y desgravan al capital inmobiliario, industrial o comercial para que inviertan lucrativamente en la ciudad; que han desmantelado y privatizado parte del aparato gubernamental que proporciona servicios urbanos; que desmoviliza para hacer políticas clientelares y poder gobernar verticalmente, sin tomar promover formas democratizadoras de participación, opinión o decisión de los ciudadanos; que se guían únicamente por la popularidad y encuestas de opinión.
Finalmente, estos gobiernos de una izquierda funcional al sistema, abandonando verdaderos proyectos de planeación urbana alternativa, no han evitado el gigantismo urbano y la mercantilización de todo lo propiamente urbano: el suelo, la vivienda, los servicios (transporte, vialidades, etc.). Más bien le han hecho el juego al neoliberalismo, a la desregulación en inversiones y a la reducción del gasto social (vivienda, por ejemplo).
Estos gobiernos no han detenido el ecocidio acelerado que genera la expansión urbana ni han hecho nada por reparar la degradación ambiental; por lo contrario: han subordinado el (des)ordenamiento urbano en función del automóvil particular y Megaproyectos anti-populares y ecocidas. Se han preocupado más por prácticas asistencialistas (que aseguran clientes políticos) que por políticas de justicia social contra la explotación y la exclusión social con proyectos alternativos de producción social.
“Tampoco se habla de movilización social colectiva –dice Emilio Pradilla-, libertad, democracia directa, justicia social, equidad distributiva, inclusión social, defensa y ampliación del espacio público., vivienda y servicios adecuados como derechos universales, apropiación colectiva de la ciudad y sus ámbitos públicos y patrimoniales, organización racional e incluyente del territorio.”
Mientras esta izquierda institucional gobierna actualmente más obsesionada en la disputa por la presidencia y megaproyectos que generan ganancias privatizadas, en el Distrito Federal se mantiene la limitación de los derechos políticos de los capitalinos, la agudización de las desigualdades, la sobreexplotación y precarización del trabajo, el ataque a los derechos sindicales, el crecimiento del desempleo y la exclusión social, el aumento de la miseria material y ecológica, etc., aumentando también los problemas típicos de las megaciudades: transporte, contaminación atmosférica, escasez de agua, megaproyectos ecocidas, etc.
Esto es así porque, a final de cuentas, el Distrito Federal es una ciudad en la que se expresa y refleja el capitalismo neoliberal de nuestros tiempos y la izquierda institucional gobernante del Distrito Federal ha interiorizado las políticas urbanas capitalistas.
Contradicciones de la ciudad de México
El desarrollo del capitalismo semicolonial y dependiente en México determinó el nacimiento de las megalópolis, en particular de la que se asienta en la Zona Metropolitana del Valle de México, cuyo centro es la ciudad de México. Las contradicciones sociales de una ciudad capitalista se han agudizado con la práctica del neoliberalismo en México. Algunas de las contradicciones centrales del Distrito Federal son las siguientes:
1) Por un lado, la ciudad de México desarrolla un extenso sistema urbano, que pasa de industrial a terciario, el cual subordina al campo, lo explota y tiende a destruirlo –pero, por otro lado, esta ciudad depende por completo de él pues carece de soberanía alimentaria y crece socavando su capacidad productiva agrícola. En ese sentido, es necesario promover el desarrollo rural del país, la soberanía alimentaria, que sea armónico con el propio desarrollo urbano; también será preciso potenciar las capacidades productivas (industriales y agrícolas) de la ciudad, con un sentido social (público, de utilidad social y valor de uso) y ecológico, que genere empleo y distribuya de modo equitativo riqueza y bienestar cuidando el deterioro del medio ambiente.
2) Por un lado, en el D.F. se centralizan las actividades económicas, principalmente comerciales y financieras, así como las concentraciones de riquezas y los más altos niveles de vida a escala nacional –pero, al mismo tiempo, la ciudad tiende a perder su capacidad productiva (industrial, agrícola) pues se esta volviendo cada vez más un área de servicios, de economía terciaria (comercial, financiera) e informal, finalmente parasitaria. Es por ello que la ciudad debe volver a ser productiva, generadora de riqueza material y cultural, científica y tecnológica, pero evitando que esa producción produzca y reproduzca desigualdades e injusticias, ecocidio y marginación, para lo cual será necesario descentralizar y apoyar la explosión de diversos polos de producción de riqueza con justicia social y ambienta (sin explotación ni ecocidio).
3) Por un lado, la ciudad genera el PIB más alto del país -pero distribuye esa riqueza de modo muy desigual, configurando de este modo una ciudad clasista y conflictiva. Recodemos que el 64.9% de su población está empobrecida: el 38.3% en pobreza extrema y el 26.6% en pobreza moderada Esa desigualdad y polarización social se refleja claramente en ciertas zonas urbanas: mientras delegaciones como la Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Tlalpan tienen los índices de desarrollo humano más altos en México, la delegación que genera más riqueza productiva del Distrito Federal, Iztapalapa, tiene los índices más bajos. Necesitamos una ciudad igualitaria, que incluso aporte a otros estados para potenciar procesos productivos con justicia social y ambiental, pero que en la propia ciudad distribuya empleos, salarios, servicios, de la manera más justa y equitativa.
4) Por un lado, existe un incesante crecimiento urbano de la ciudad de México -pero, por otro lado, en ésta se promueve de manera incesante el desempleo industrial y la proletarización (expulsión de campesinos de la agricultura). Esta contradicción determina el despliegue de una empobrecida periferia urbana conformada por marginados con un enorme potencial criminal. Por eso se requiere una ciudad que genere empleo, que apoye la producción agrícola, que promueva e desarrollo de diversos polos de producción descentralizados, que termine con la pobreza no con meros proyectos asistencialistas sino con proyectos de producción con un sentido social.
5) Por un lado, la megalópolis cuyo centro es la ciudad de México sigue creciendo: urbanizando, ampliando viviendas y vialidades, cubriendo de asfalto y de concreto zonas cada vez más amplias. Pero la mancha urbana se extiende destruyendo bosques y fauna, contaminando el aire, mantos acuíferos, ríos, valles y cerros, en un acelerado y creciente ecocidio que finalmente socava las bases naturales del propio desarrollo urbano -porque esa ciudad en crecimiento demanda cada vez más cantidades mayores de agua, de tierra cultivable, de recursos naturales para subsistir. Por ello mismo, es urgente frenar la expansión de la megalópolis, frenar el ecocidio, preservar y cuidar a la naturaleza. Es urgente desconcentrar las industrias y promover alternativas productivas ecológicas, cooperativas, que produzcan y distribuyan de manera justa riquezas con valor de uso, con una gestión colectiva y democrática de la producción y el consumo.
6) La ciudad de México es el centro económico del país, pero en ella se despliegue una economía parasitaria (rentista, especulativa, comercial) así como una creciente economía informal: ya en 1996 el 41.8% de los empleos en el D.F. eran informales y precarios; se estima que, actualmente, dos tercios de los empleos en la ciudad son informales y precarios: sin derechos ni prestaciones. Según el investigador Emilio Pradilla, la economía informal del D.F. es heterogénea y diferenciada, manifestándose entres esferas: a) empresas capitalistas que evaden la legislación fiscal (que no inscriben a sus trabajadores al IMSS o al INFONAVIT); b) empresas y mafias, nacionales y extranjeras, que centralizan actividades delictivas diversas: narcotráfico, trata de blancas, piratería, secuestros, etc., que acumulan enormes ganancias y lavan dinero; c) un sector popular dedicado a la economía informal: venta callejera, artesanías, mantenimiento y reparación de objetos, etc. Estos últimos sectores se relacionan entre sí y con formas de ilegalidad y violencia en determinados territorios urbanos: los barrios bravos de Tepito y la colonia Buenos Aires.
7) La ciudad de México es símbolo de modernización, de desarrollo educativo y cultural, ejemplo civilizatorio para el país. Sin embargo, se incuban en ella semillas de barbarie con el desarrollo de la pobreza y la marginación, el alza del desempleo y la precarización laboral, que puede permitir la conversión del ejército industrial de reserva en ejércitos al servicio de los grupos mafiosos de la delincuencia organizada.
“El incremento de la masa de pobres, la caída de los ingresos y salarios, la falta de acceso a los servicios sociales, ha producido una masa de población propensa a convertirse en carne de cañón de las mafias de la delincuencia organizada, en muchos casos globalizada (narcotráfico, contrabando de armas y otras mercancías, robo de vehículos que circulan a escala mundial). Los sistema de seguridad pública y justicia, penetrados por la corrupción y carentes de los recursos necesarios, son incapaces de restablecer el estado de derecho, lo que convierte en violentas y peligrosas nuestras grandes ciudades.” (Emilo Pradilla, “El futuro de las grandes metrópolis latinoamericanas”)
8) El Distrito Federal es la capital de México, la sede de los poderes públicos de la nación y la urbe más politizada del país. En ella se toman las decisiones políticas de gobierno (del poder ejecutivo), se legisla para toda la república (poder legislativo) e incluso se toman resoluciones judiciales de impacto nacional (poder judicial). Pero es en esta ciudad, también, donde se organizan y coordinan las fuerzas populares opositoras, en donde se hacen las movilizaciones más importantes del país, en donde existen amplios sectores de indignados e inconformes, de organizaciones sociales de todo tipo, de ciudadanos críticos. Sin embargo, pese a la relevancia política de este centro urbano, sus habitantes tienen sus derechos recortados: no se le reconoce como entidad federativa, con su propia Constitución y su plena autonomía política. Por eso es preciso luchar por una ciudad con plenos derechos: políticos, laborales, ciudadanos, educativos, de vivienda, de salud, etc.; una urbe con verdadera justicia social, equidad de género, defensa de la naturaleza, igualdad y calidad de vida para el pueblo y los trabajadores.
9) Gracias a históricas luchas de la izquierda social y política, la ciudad de México ha sido gobernada por la izquierda. Sin embargo, esa izquierda que ha gobernado el D.F. es, dice Emilio Pradilla, “una izquierda cada vez más domesticada por el sistema político” (“Izquierda, democracia y la cuestión territorial”, en: Julio Moguel (coordinador): Los caminos de la izquierda). Lo cierto es que el PRD es una izquierda institucional y funcional al sistema capitalista, en sintonía con las políticas liberales y neoliberales, abandonando no sólo políticas anti-capitalistas y democratizadoras sino políticas sociales moderadas a la hora de gobernar la ciudad de México:
“En la práctica, el actual Gobierno del Distrito Federal actúa como ‘facilitador’ de la inversión privada a la cual ha entregado su proyecto emblemático (el segundo piso), privilegia a las capas medias usuarias de automóvil con sus megaproyectos viales, aplica una política social asistencialista y compensatoria muy cercana a la neoliberal, desmantela el aparato gubernamental necesario para garantizar la incorporación de los sectores mayoritarios a los bienes y servicios públicos urbanos, aplica una austeridad cuyo resultado real es el debilitamiento del Estado local, desestima las instituciones parlamentarias o las que defienden derechos humanos, sociales y políticos de los habitantes, define en cúpula sus políticas, y desmoviliza a las organizaciones sociales del movimiento urbano popular y otros mediante políticas clientelares. La popularidad y el marketing electoral se superponen y dominan sobre los principios políticos.” (Idem., pp.166-167)
Una perspectiva crítica a la política de la ciudad:
Los gobiernos de la ciudad de México, preocupados por ser políticamente correctos y volverse candidatos presidenciales aceptables para los poderes fácticos y oligarcas, han descuidado una aspiración política que impulsó las reformas que han abierto espacios de democracia en la capital: la plena autonomía política, el derecho a ser reconocida como entidad federativa con su propia Constitución y sus derechos políticos. La discusión y exigencia de una Constitución para el Distrito Federal nos lleva a la demanda de una Asamblea Constituyente amplia y popular, en la que las políticas emancipadoras del pueblo y los trabajadores se expresen. Pensamos que esta debe ser una política central que guíe las luchas de la OPT en el Distrito Federal.
Pero también lo debe ser la lucha por la instauración de una democracia que vaya más allá de la formal pero no real “democracia representativa” liberal. No bastan las propuestas de democracia participativa, con iniciativas y consultas ciudadanas, con referendos y plebiscitos, con la revocabilidad del mandato, para que la democracia sea gobierno del pueblo.
Es necesario promover también la participación directa del pueblo y de los trabajadores en las decisiones de los asuntos públicos que nos conciernen a todos (en la política, en su sentido originario), es preciso que el pueblo se auto-organice y genere sus propias asambleas, su poder popular, para que intervenga políticamente, no atomizado sino unido y organizado, con proyectos políticas.
La OPT debe promover la idea de gobiernos democráticos y democratizadores, al servicio del pueblo, que defiendan los servicios y bienes públicos, el bien común, contra la mercantilización y privatización de los mismos. La OPT debe luchar por un gobierno que imponga la lógica de lo público, lo común y lo gratuito, contra la lógica privatizadora, individualista y lucrativa, porque se trata de servir al pueblo, no de ser sirvientes de los empresarios.
La OPT debe de luchar por una política capitalina que privilegie el transporte público sobre el transporte privado, proyectos comunitarios y ecológicos de producción, y no megaproyectos ecocidas para los empresarios. La OPT debe pugnar por una ciudad del pueblo y los trabajadores, en la que gocen sus derechos plenos, generando empleos, distribución de la riqueza, políticas ecológicas, etc. La OPT debe plantear y diseñar el proyecto de una ciudad contra y más allá del capital.
-Andrés Lund Medina

“POR LA LIBERACIÓN NACIONAL Y LA EMANCIPACIÓN SOCIAL”
Organización Política del Pueblo y los Trabajadores